Responsabilidad penal de las personas jurídicas: lo que todo empresario debe saber

derecho penal

En el complejo entramado legal que rige el mundo empresarial, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se erige como un tema crucial que todo empresario debe tener presente. En un contexto donde la transparencia y la ética en los negocios son valores cada vez más alabados, comprender las implicaciones legales de las acciones de una empresa es fundamental para evitar consecuencias adversas.

 

En España, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentra regulada en el artículo 31 bis del Código Penal, introducido mediante la Ley Orgánica 5/2010. Este artículo establece que las personas jurídicas pueden ser consideradas penalmente responsables por los delitos cometidos en su nombre o en su beneficio, por sus representantes legales o por aquellos que, estando sometidos a la autoridad de los primeros, hayan podido realizar los delitos debido a la falta de control por parte de la persona jurídica.

Es importante destacar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la responsabilidad penal de las personas físicas que han participado en la comisión del delito. De hecho, ambas pueden coexistir, y es común que se impongan sanciones tanto a la empresa como a los individuos implicados en los actos ilícitos.

 

Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones concretas de esta responsabilidad para las empresas? 

En primer lugar, es crucial entender que las consecuencias pueden ser severas. Las sanciones incluyen multas de cuantía considerable, la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, la suspensión de actividades, la clausura de locales o establecimientos, la prohibición de realizar determinadas actividades comerciales e incluso la disolución de la persona jurídica.

Además de las sanciones económicas y administrativas, la responsabilidad penal puede acarrear un grave daño reputacional para la empresa. La pérdida de confianza por parte de clientes, proveedores e inversores puede ser devastadora y tener un impacto duradero en la viabilidad del negocio.

Es por ello que la prevención se convierte en la mejor estrategia para evitar la responsabilidad penal. Las empresas deben implementar programas de compliance o cumplimiento normativo que establezcan medidas de control interno, procedimientos de supervisión y mecanismos de prevención de delitos. Estos programas deben adaptarse a las particularidades de cada empresa y sector, pero en líneas generales, deben incluir políticas anticorrupción, canales de denuncia interna, formación y sensibilización del personal, y auditorías periódicas para evaluar su eficacia.

La diligencia debida es otro aspecto clave en la prevención de la responsabilidad penal. Los representantes legales y directivos de las empresas deben ejercer un control efectivo sobre las actividades de la empresa, identificar y evaluar los riesgos de incurrir en delitos, y tomar las medidas necesarias para prevenir su perpetración. La ignorancia o la omisión deliberada de estas responsabilidades no eximen de culpabilidad, por lo que es imperativo que los responsables empresariales estén plenamente comprometidos con el cumplimiento de la legalidad.

En este sentido, la figura del compliance officer o responsable de cumplimiento cobra especial relevancia. Esta persona, designada por la empresa, tiene la responsabilidad de coordinar e implementar el programa de compliance, así como de asesorar y formar al resto de empleados en materia legal y ética. Su labor es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo y prevenir la comisión de delitos dentro de la empresa.

Por otro lado, es importante destacar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se limita únicamente a los delitos cometidos en el ámbito empresarial. También puede extenderse a conductas delictivas relacionadas con el ámbito laboral, fiscal, medioambiental o de cualquier otra índole en la que la empresa pueda estar involucrada. Por lo tanto, es esencial que las empresas adopten un enfoque integral en materia de cumplimiento normativo y no se limiten únicamente a aspectos específicos.

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema de gran relevancia que todo empresario debe tener presente en la gestión diaria de su negocio. La prevención y el cumplimiento normativo son las mejores armas para evitar consecuencias adversas y proteger la reputación y viabilidad de la empresa. En este sentido, contar con el asesoramiento y la orientación profesional de los abogados penalistas resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de la legalidad y mitigar los riesgos asociados a la actividad empresarial. 

En Castillo Castrillón Zapata, estamos a disposición de las empresas para ofrecerles el asesoramiento legal necesario en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y ayudarles a implementar medidas efectivas de compliance que minimicen los riesgos y aseguren el cumplimiento de la legalidad vigente. Si precisas la ayuda de nuestro despacho de abogados, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para que podamos estudiar tu situación y aconsejarte adecuadamente.

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